En estas dos Oficinas de Registro, la entidad evidenció deficiencias en la prestación del servicio público registral.
La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) ordenó la intervención de segundo grado en el manejo administrativo y jurídico de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Facatativá y Zipaquirá, en Cundinamarca.
El procedimiento, que se desarrollará durante un mes, es la respuesta a los hallazgos con los que la entidad evidenció la deficiente prestación del servicio público registral en estas ORIP, lo cual abrió paso a la adopción de las medidas correctivas necesarias. Estas acciones corresponden al interés del Gobierno Nacional en poner el Estado al servicio de la gente.
“El objetivo es tener las Oficinas de Registro completamente transformadas. Debemos mejorar los estándares de calidad en la atención y lograr que los indicadores de gestión alcancen su punto más alto”, aseguró el superintendente Delegado para el Registro, Alejandro Larreamendy Joerns.
De acuerdo con el funcionario, un equipo de la Superintendencia Delegada para el Registro será el encargado de recuperar las ORIP y lograr que tengan los niveles de desempeño esperados, no solo ahora sino en el tiempo. “Para la Supernotariado es fundamental que no se vuelvan a presentar los mismos problemas de servicio. Vamos a exigir alto nivel de compromiso y responsabilidad”, agregó.
Mientras dure la intervención, quedan limitadas las funciones de los registradores de Instrumentos Públicos de Facatativá, Santiago Lema Cortés; y Zipaquirá, Gelman Serrano Ortiz. Ellos desempeñarán únicamente las funciones de autorización de los actos que se inscriban o se rechacen, de los certificados de tradición que se expidan, de las actuaciones administrativas que se surtan y de otras certificaciones que deba expedir, con la obligación de reportar diariamente el cumplimiento de dichas labores a los directores de intervención.
“Estas jornadas son oportunidades de mejora. La idea no es juzgar a los funcionarios, sino identificar los puntos críticos y darles solución”, puntualizó Larreamendy.
La intervención administrativa, que tiene límites en el tiempo, está supervisada por funcionarios de la entidad, quienes bajo un ‘Plan de recuperación y mejoramiento’ ejecutan acciones de seguimiento permanente, con el fin de verificar el avance y la superación de los asuntos críticos. De esta forma, el Estado vela por la eficiente, segura y económica prestación de los servicios públicos esenciales, en este caso del registro de la propiedad inmueble, siempre en beneficio de los usuarios.
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